Escuchaba una hora antes de comenzar esta entrada una conversación entre un empresario y un (asumo) amigo suyo o compañero del gremio. Estaba indignado. Al parecer había ido con un presupuesto de una obra a una administración pública, un presupuesto que contemplaba una bajada de la tasación del colegio de arquitectos de 90.000€. El otro ha dicho que no, que menos de 30.000€, que con la que está cayendo debería estar agradecido.

Tras esto, se ha puesto a comentar que los funcionarios públicos no tienen, literalmente, ni puta idea de lo que es el coste empresarial.

Lamentablemente, si bien me parece que la mayoría de los funcionarios con responsabilidad de compras están sobradamente preparados, les falta la visión de la problemática económica de una empresa. Especialmente cuando se contrata un servicio profesional. He vivido esta situación desde fuera y desde dentro. Cuando por alguien se paga 100, mucho empleado de la administración que no se dedica profesionalmente a la contratación de servicios, piensa que el empleado cobra 50 y la empresa se lleva 50. (La maldita empresa)

Como sufrido empresario, me gustaría dar una pista: Si pagas 100 por una persona, contando con el Sueldo, impuestos, SS, gastos generales, seguros, provisiones, y un pequeño (pequeño, pequeño) porcentaje lícito (el riesgo del capital, recurran a Adam Smith) de beneficios, esta persona no puede cobrar más de 50 para no perder dinero. Y eso sin contar con los retrasos de un año en el pago y que, ya no es como antes, la posibilidad de IMPAGO existe.

He visto tarifas de cálculo de licitación de profesionales con carreras superiores a 20.000€ anuales. Calculen, por favor. La administración es la primera que debería tener responsabilidad social en sus compras.

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